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Bibliografía: MARTÍN RODRÍGUEZ, J. L.: Manual de Historia de España. 2. La España Medieval, Madrid, Historia 16, 1993.
Autor:Anónimo
En la 2ª mitad del XIII, Alfonso X de Castilla, Alfonso III de Portugal, Jaime I de Aragón y sus sucesores tienen que hacer frente a continuas revueltas nobiliarias. Los reyes de Navarra se ven obligados a aceptar las imposiciones nobiliarias recogida en el Fuero.
Las causas son complejas: la introducción del Derecho Romano en occidente disminuyó los privilegios de la nobleza al reforzar la posición del monarca. Va acompañado de una pérdida de importancia militar, económica y social. La caballería pierde importancia ante la infantería, las huestes nobiliarias dejan de ser el grupo militar exclusivo, se contratan mercenarios profesionales.
Amenazada su posición privilegiada por el ascenso de mercaderes y juristas, la nobleza recurrió a la revuelta para ampliar sus dominios y forzar al rey a limitar la influencia de los juristas (el desarrollo del comercio favoreció en principio a los terratenientes, al conseguir mejores precios agrícolas, pero los contratos a largo plazo mediante los cuales estaban arrendadas muchas tierras de los nobles impedían actualizar los ingresos). Por otra parte, el alza de los productos manufacturados favoreció a los mercaderes. Los juristas, funcionarios de la monarquía alcanzaron gran prestigio a través de sus cargos.
Dichas revueltas serán básicas para entender los avances y retrocesos en el exterior. Fundamental es la intervención pontificia tan influyente en la política. Los matrimonios de Fernando II con Beatriz de Suabia y de Jaime I con Violante de Hungría obedecieron al deseo de los pontífices de evitar problemas de parentesco (posibles anulaciones). Ambos matrimonios tendrían efectos contrarios a los intereses de Roma. El hijo de Beatriz, Alfonso X, sería aceptado a la muerte de Federico II como emperador de Alemania por parte de los electores y por algunas ciudades italianas que ven en el monarca castellano la posibilidad de imponerse a Roma, las pretensiones imperiales de Alfonso sólo sirvieron para empobrecer al reino y obligarle a aceptar las exigencias nobiliarias.
La unión de Jaime y Violante de Hungría repercutió gravemente sobre la situación interna de Aragón y condicionó su expansión mediterránea. Para dotar a los hijos de este 2º matrimonio, Jaime redacta testamentos en los que separa Valencia y Mallorca e incluso Aragón y Cataluña y provoca el malestar del heredero que contará con el apoyo de la nobleza aragonesa. La oposición nobiliar influye en la política mediterránea al negar su apoyo a Pedro el Grande cuando éste ocupa Sicilia: al morir Federico II, Roma separó los dominios alemanes de los italianos y cedió los segundos a Carlos de Anjou, señor de Provenza, gracias a la ayuda de los papas y de los cruzados de Simón de Montfort; con la cesión de Sicilia, Roma ponía en peligro el comercio catalán con el N de África. Frente a los Anjou y frente al Pontífice, Pedro el Grande, en nombre de su esposa Constanza de Sicilia, ocuparía la isla en 1282. Por caminos distintos, Castilla y Aragón entraban en la política europea e intentaban convertirse en herederos de los emperadores alemanes: Alfonso X en Alemania y Pedro el Grande en Sicilia.
Problemas europeos y sublevaciones nobiliarias condicionan los últimos años del reinado de Alfonso X y de Pedro el Grande. El 1º, enfrentado a una revuelta dirigida por su hijo Sancho, buscó la ayuda de Felipe II de Francia, aliado del pontífice, e intentó por mediación del monarca francés que Roma aceptara sus derechos al trono imperial; frente a Pedro de Aragón, Roma excomulgó al monarca y concedió sus reinos al francés Carlos de Valois. El castellano Sancho se convirtió en aliado natural del monarca aragonés, del que no podía prescindir pues en Aragón se hallaban los infantes de la Cerda, proclamados por Alfonso X herederos del trono castellano.
Los dos primeros actos conocidos del reinado de Alfonso son el mejor exponente de la situación del reino en 1252. Devaluó la moneda, como consecuencia se encarecieron las cosas, lo que obligó a fijar en las Cortes celebradas en Sevilla los precios de numerosos artículos, limitar los gastos suntuarios, intentar frenar la especulación, prohibir la exportación de animales y productos alimenticios y tomar medidas para restaurar la economía.
La subida de salarios y precios y la tendencia al lujo termina por arruinar al reino, excepto a los mercaderes. Explica las continuas sublevaciones, el fracaso de la política exterior y las reformas intentadas por Alfonso X.
En los primeros años del reinado, la nobleza encontró una salida a sus problemas económicos en la intervención en el Algarve, cedido por Sancho II a Alfonso en 1245 como recompensa por la ayuda castellana en la guerra civil portuguesa y reclamado por Alfonso III en 1252. La guerra finalizó con un acuerdo por el que el Algarve y los castillos de Moura, Serpa, Aroche y Aracena eran atribuidos a Portugal pero quedarían en poder de Castilla hasta que el hijo de Alfonso III y Beatriz de Castilla (matrimonio concertado al firmar la paz de 1253) llegara a los 7 años. El éxito portugués fue seguido de una intervención en Navarra donde Alfonso pretendía ser reconocido como señor feudal por Teobaldo II; la intervención de Jaime I apoyando a Navarra impidió la ocupación del reino por Alfonso X, cuya presencia en Navarra sirvió para renovar los derechos castellanos sobre Gascuña, región incluida en la dote y nunca entregada a Leonor la esposa de Alfonso VIII y ofrecida ahora a Alfonso por Gastón de Bearn, sublevado contra el monarca inglés. Ni Inglaterra ni Castilla tenían interés en iniciar una guerra por Gascuña. Tras una alianza contra Navarra, los rebeldes gascones fueron perdonados y Alfonso entregó Gascuña en dote a su hermana Leonor, que casaría con Eduardo de Inglaterra.
Las campañas contra Navarra se suspendieron al sublevarse los nobles castellanos dirigidos por el infante Enrique, hermano de Alfonso, y por Diego López de Haro, que se ofrecieron al rey de Aragón. Entre los hermanos existían antiguas desavenencias agravadas por la forma de llevarse a cabo el reparto andaluz: Enrique fue uno de los menos favorecidos y parte de sus bienes fueron confiscados por Alfonso en 1254; al mismo tiempo, Enrique pretendía actuar como jefe natura de la nobleza castellana y se veía relegado por Nuño González de Lara, hombre de confianza de Alfonso. Si los Lara están a favor del monarca, en su contra estarán los Haro desde el siglo XII; ambas familias eran equiparables en poder y se consideraban con derecho a dirigir a la nobleza y a controlar el reino de Castilla sirviendo al rey o enfrentándose a él cuando el monarca se inclinaba hacia un miembro de la otra familia. A la muerte de Enrique, Ios Lara apoyaron a Alfonso IX de León contra Fernando III, a cuyo lado estuvieron los Haro. Asentado el poder de Fernando, los Lara contrarrestaron a sus antagonistas alineándose al lado del heredero Alfonso y cuando éste llegó al trono, los Haro pasaron a dirigir la oposición nobiliaria. Las expediciones contra los musulmanes suavizaron las tensiones, pero no las pusieron fin. En los últimos años de reinado Alfonso se vio obligado por una revuelta nobiliaria a suspender las campañas contra Navarra. Durante todo su reinado mantuvo una incesante actividad diplomática destinada a incorporar Navarra a Castilla. Al final, ante el fracaso diplomático intentó de nuevo la aventura militar que provoca la intervención de Felipe III de Francia y condiciona la política exterior de los reinos hispánicos.
A la muerte de Federico II, se disputan su herencia, entre otros los reyes de Castilla y Aragón, que intervienen en los enfrentamientos entre güelfos y gibelinos, partidarios los primeros de la hegemonía del Pontífice y los segundos del predominio del emperador. Alfonso X, como hijo de Beatriz de Suabia tenía derechos al trono imperial, ofrecidos en 1256 por la ciudad gibelina de Pisa. La elección imperial en 1257 dio lugar al nombramiento de dos emperadores: Alfonso de Castilla y Ricardo de Cornualles, hermano del rey de Inglaterra. Ambos aceptaron el nombramiento y Alfonso X intentó movilizar las fuerzas económicas del reino para hacer efectivo el título imperial, pero su elección no fue aceptada por el Pontificado y Castilla se negó a financiar las campañas imperiales. A pesar de ello, Alfonso mantuvo sus pretensiones hasta 1275 y orientó la política exterior hacia la obtención de aliados para convertir en realidad el sueño imperial.
Los pisanos envían una embajada a Soria para ofrecer el trono al rey castellano. Intentan favorecer los intereses de Pisa e Italia en el Mediterráneo. Otro sueño, también fallido, de Alfonso es organizar una cruzada contra los musulmanes del N de África. La ciudad italiana ofreció además de su ayuda interesada por las campañas del N de África, el título imperial como señuelo para convencer a Alfonso X. Estos intereses quedaron al descubierto en los acuerdos firmados en Soria: en un primer documento Alfonso proclamó sus derechos al trono imperial y Lancia, en nombre de Pisa, lo aceptó como emperador; el mismo día se fijaron las condiciones de la ayuda pisana: Alfonso se comprometía a combatir al lado de Pisa contra Luca, Florencia, Génova y a conceder territorios y privilegios comerciales a los pisanos en Sicilia, desde donde se controlaba el comercio con Túnez, el Algarve y el N de África. Por su parte, Pisa ofrecía al monarca 10 galeras para sus campañas en Italia y en el N de África.
El acuerdo no prosperó. Los pisanos, al referirse al Imperio, aludían únicamente a su parte italiana y Alfonso sólo se interesaba por Alemania. Años después, Pedro el Grande de Aragón llevaría a cabo los proyectos italianos expuestos por Pisa al monarca de Castilla.
La situación económica de Castilla y el malestar de los nobles convierten en irrealizable el sueño de Alfonso. Las medidas tomadas en 1252 fueron incapaces de contener el alza de precios y el lujo de la población castellana. Las Cortes de Segovia suprimieron, al parecer, las tasas puestas en 1252 ya que si antes los precios subían de un modo oficial, después de los acuerdos de Sevilla los mercaderes se negaron a vender a los precios fijados y los revendedores acapararon los productos, provocaron su escasez artificial y los vendieron aprecios más altos. Una nueva devaluación monetaria agravó más la situación, contribuyó a incrementar los precios y dificultó cualquier aportación económica del reino al Imperio ofrecido en 1256.
Dos años después, las Cortes reunidas en Valladolid intentaron reorganizar la economía mediante una serie de medidas. Las leyes suntuarias aprobadas en estas Cortes (su incumplimiento hará que se renueven periódicamente) tienen un objetivo: reducir el gasto al tiempo de evitar la confusión entre los diferentes grupos sociales: cada uno habrá de vestir, calzar y comer de acuerdo con su categoría. Las limitaciones afectan a todos: en lo que se refiere al monarca se limitan sus gastos de alimentación, aunque se le autoriza a utilizar cuantos trajes quiera; sobre los oficiales y nobles al servicio del rey se dispone que coman más mesuradamente y que hagan menos gasto; se prohibe a los nobles acudir a la Corte sino cuando sean llamados, o tengan algún asunto que resolver, su estancia se limitará a 3 días y su séquito no podrá incluir más de 10 caballeros; no más de 2 serán los representantes de los concejos ante la corte, serán elegidos entre personan que no tengan otra cosa que hacer, es decir, cuyo trabajo no fuera necesario para la producción, lo que, indirectamente dejaba la representación de los concejos en manos de los grupos privilegiados. En estas mismas Cortes se limitó al 33% el interés de los préstamos hechos por los judíos, se disminuyó el número de peajes y montazgos cobrados sobre el ganado y se fijó su cuantía en un 2 ‰ y se prohibieron las asociaciones de mercaderes para evitar acuerdos sobre los precios. Pero no se tomaron medidas para aumentar la producción, sólo la caza fue protegida con diversas disposiciones.
En estas Cortes o quizás en las celebradas un año después en Toledo obtendría Alfonso los subsidios para la cruzada norteafricana en la que contaba con la ayuda de Aragón, siempre que no atacase las tierras tunecinas donde está asentado el comercio catalán. Se obtuvo un solo éxito: la conquista de Sale (1260), abandonada ese mismo año. Su pérdida fue compensada por la victoria obtenida sobre los musulmanes en el reino de Niebla (1262) que, tras haberse acogido a la protección castellana, se sublevaron adelantándose a la gran sublevación de los mudéjares en Andalucía y Murcia apoyados por Granada y los benimerines norteafricanos.
Alfonso X logró reducir a los andaluces mientras Jaime I sometía a los murcianos para que la sublevación no se extendiera por Valencia. Solucionado el problema mudéjar Alfonso llegó a un acuerdo con el monarca portugués y renunció a las posesiones del Algarve, decidas en 1267 a su nieto Dionís, hijo del rey portugués. Esta cesión realizada en contra del parecer de los nobles fue el pretexto de la revuelta nobiliaria iniciada en 1269, aunque no faltan las causas de carácter económico.
La penuria económica castellana fue la causa de la convocatoria de las Cortes de Jerez (1268). Las medidas superaron a las acordadas anteriormente. El monarca se comprometió a no alterar la moneda y a uniformar los pesos y medidas como medio necesario para dar efectividad al resto de los acuerdos, referidos a los precios de una serie de productos, entre los que figuraban el oro, la plata, el cobre, el estaño, el plomo, los tejidos, las pieles, los cueros, las armas, las aves de caza, el ganado, etc. Se repitieron algunas de las leyes suntuarias, se fijaron los salarios, se prohibió la exportación de oro, plata, cueros, seda, lana sin hilar, trigo, vino, carne y pescado y se fijaron los puertos por los que debía realizarse la exportación en los casos en que fuera autorizada; se dispuso, para paliar la escasez de mano de obra que ningún peón ande baldío.
En 1269 los nobles dirigidos por Nuño de Lara ofrecieron sus servicios a Jaime I, molesto con Alfonso por no haber mantenido éste el repartimiento de la ciudad y huerta de Murcia ordenado en 1266 por el rey aragonés. La falta de apoyo de Jaime I llevó a los nobles a ofrecer sus servicios al rey de Navarra y, después al granadino, entre los sublevados figuran los hermanos de Alfonso y personajes importantes de la nobleza castellana (1271), agraviados porque intenta sustituir el Fuero Viejo de Castilla, favorable a los privilegios nobiliarios, por un nuevo código en el que se fortalece la autoridad del monarca, al agravio jurídico se une el económico. Se quejan del exceso de impuestos, de la extensión de la alcabala, del impuesto del 10% sobre las ventas, a los hidalgos y de la creación de pueblos de realengo en León y Galicia, que atraen a los campesinos de las tierras nobiliarias.
Nobles sublevados y fieles al monarca (dos formas de alcanzar un mismo objetivo) insisten en que su actuación tiene como finalidad el bien de la tierra a lo que el rey se resiste como queda expuesto en una carta dirigida en 1275 a su hijo Fernando, en la que se expone la usurpación por parte de los nobles de los bienes y poder del rey. Base de los problemas a los que tuvieron que enfrentarse durante el siglo XIII todos los reyes peninsulares.
Aceptadas las exigencias de 1271, los rebeldes pidieron que se reservase a los hidalgos el cargo de juez, que se destruyeran las pueblas castellanas mandadas hacer por el rey, que fueran sustituidos los merinos reales por adelantados (nobles), que se suprimieran los diezmos en los puerto y se eximiera de tributos a los vasallos nobiliarios, lo que equivalía a dar el gobierno de Castilla a los nobles y convertir sus dominios en inmunes. Los nobles y eclesiásticos fieles al monarca obtuvieron concesiones que equivalían a las pedidas por los sublevados, limitó el cobro de los diezmos de los puertos a un plazo máximo de 6 años y accedió a que los nobles se rigieran por los fueron antiguos. Las concesiones se extendieron a los rebeldes en 1274 para conseguir su apoyo en el fecho del imperio, quimera a la que Alfonso nunca renunció. Para su realización llegó a pedir a los sublevados que solicitaran del rey granadino una fuerte ayuda económica.
Pacificado el reino, Alfonso se fue a entrevistar (en Beaucaire, Francia) con Gregorio X y conseguir el reconocimiento de sus aspiraciones imperiales. El gobierno quedó confiado a Fernando quien murió en Andalucía al intentar contener a los benimerines (1275). Teóricamente, la sucesión correspondía a los hijos de Fernando, los infantes de la Cerda a cuyo lado se situarán los Lara, mientras que los Haro aceptarán como heredero al segundo hijo de Alfonso, Sancho IV, alegando la minoría de edad de los infantes. Los éxitos militares de Sancho fueron decisivos para que, al regresar Alfonso de Beaucaire, aceptara como heredero a Sancho, cuyo nombramiento interesaba, además por razones de política exterior. La presencia entre los valedores de Sancho del señor de Vizcaya, Lope Díaz de Haro, exigía la aceptación de Sancho si Alfonso quería intervenir en navarra donde desde la muerte de Enrique I (1274) existía un partido favorable a la unión con Castilla y otro a la unión a Francia cuyo rey Felipe III había tomado partido por sus sobrinos los infantes de La Cerda. El problema sucesorio castellano se transformaba en conflicto internacional, cuyo objetivo inconfesado era Navarra.
Ante el resultado indeciso de los combates, Alfonso X intentó negociar con Felipe III, cuyo apoyo le era necesario para que el pontífice reconociera sus derechos al Imperio, y llevó el pleito sucesorio a las Cortes cuyo beneplácito era previo a la concesión de ayuda económica. Las Cortes de Segovia (1278) ratificaron el nombramiento de Sancho y concedieron los subsidios, pero el cobro se retrasó y Alfonso tuvo que recurrir a la ayuda de los judíos que le adelantaron el dinero y se encargaron de efectuar el cobro de las ayudas votadas. El matrimonio de la heredera navarra con el primogénito francés puso fin a las pretensiones de Alfonso y con ellas desapareció el apoyo a Sancho: el rey castellano buscó una solución de compromiso que le permitiera repartir el reino entre Sancho y los infantes, refugiados en Aragón.
Sancho se opuso a la división y encabezó una nueva revuelta. Se le unieron gran parte de la nobleza, eclesiásticos y numerosas ciudades. Alfonso sólo pudo contar con algunos nobles, con Sevilla y Murcia y con el monarca francés, interesado en asegurarse mediante los infantes cierto control sobre Castilla. El aliado exterior de Sancho sería el rey de Aragón, enfrentado al monarca francés desde la ocupación de Sicilia en 1282. En su último testamento, Alfonso X desheredó a su hijo y proclamó herederos a los infantes bajo la tutela de Felipe III de Francia, que heredaría Castilla si los infantes murieran sin descendencia. Abandonado, el rey Sabio murió en Sevilla en 1284, su testamento no fue respetado.
Los problemas del reinado de Jaime I (1214-1276) guardan cierto paralelismo con los castellanos: revueltas nobiliarias, que aquí se complican con tendencias nacionalista o anticatalanas, intervención en Navarra, sin éxito a pesar de los pactos de filiación con Sancho VII, implicación de los problemas europeos desde Toulouse y Provenza a pesar del fracaso de Muret, interviniendo directamente en la sucesión de Federico II y en las luchas por el control del comercio en el Mediterráneo occidental.
Entre la muerte de Pedro el Católico y la mayoría de edad de Jaime I la anarquía fue total en Aragón. Al ser proclamado rey Jaime I tuvo que reprimir los abusos de Rodrigo de Linaza, de Pedro Fernández de Azagra y después de Pedro Ahonés, uno de los que había colaborado con el monarca a sofocar la anterior sublevación; la muerte de Pedro daría lugar a una sublevación general de los aragoneses. En Cataluña la situación no fue muy diferente: contra Guillén de Montcada fue valedor del monarca Nuño Sánchez, cuya colaboración fue decisiva para controlar al vizconde de Cardona, Ramón Folc y Nuño y Ramón se aliarían finalmente a los rebeldes aragoneses y catalanes, que unidos, exigieron al rey que echase de su corte a aquellas personas que le aconsejaban mal y siguiese el parecer de los ricoshombres.
La campaña mallorquina permitió resolver las dificultades económicas de los nobles catalanes y desviar su belicosidad hacia el exterior: Jaime se había comprometido a recompensar a los prelados y ricoshombres que participaran. La conquista de Valencia pudo tener en Aragón los mismos efectos que la de Mallorca en Cataluña, pero los problemas surgidos sobre la aplicación del fuero aragonés complicaron las relaciones entre el monarca y la nobleza y entre Aragón y Cataluña.
A partir de la ocupación del reino valenciano, se observa (aún manteniéndose las rivalidades entre los nobles) una alianza de la nobleza aragonesa como grupo contra el monarca, que cuenta con el apoyo de los catalanes; la división por familias, predominante en la nobleza castellana y en la catalano-aragonés de los primeros momentos, es sustituida por la oposición por países. Los catalanes apoyan al Rey, los aragoneses se le oponen. A la supresión del fuero aragonés en Valencia, problema que no será solucionado hasta mediados del XIV, se unieron como motivo de los agravios aragoneses los repartos y divisiones de sus dominios por Jaime I. Al separarse en 1229 de su primera esposa, Leonor de Castilla, reconoció como sucesor en Aragón y en el señoría de Lérida a su hijo Alfonso, y se reservó el derecho de disponer de Cataluña para los hijos que pudiera tener más adelante. 3 años después, Jaime declaró a Alfonso heredero universal, pero no mantuvo su acuerdo y al celebrar su segundo matrimonio (1235) concedió a Violante de Hungría y a sus futuros hijos el reino de Mallorca los condados de Rosellón y Cerdaña; el Conflent, Vallespir, la ciudad de Montpellier y las conquistas que llevase a cabo en Valencia.
Los dominios del primogénito, Alfonso, quedaron reducidos al nacer el que sería Pedro el Grande de Aragón y Cataluña, con exclusión de las tierras catalanas situadas al norte de los Pirineos; y nuevos testamentos, a medida que nacían nuevos hijos, dejaron la herencia de Alfonso reducida al antiguo reino de Aragón del que se desprendieron el reino de Valencia y la ciudad de Lérida, que fue incluida en Cataluña. El descontento aragonés por la pérdida de Valencia y Lérida se tradujo en un apoyo a las reclamaciones del primogénito, cuya sublevación (1243) fue utilizada por Castilla para exigir una modificación de las fronteras entre Valencia y Murcia en el tratado de Almizra (1244), confirmado mediante el matrimonio de Violante de Aragón con Alfonso X de Castilla que, así, se desentendía de la suerte del heredero aragonés.
La desmembración de Lérida, la negativa real a aceptar el fuero aragonés en Valencia y la preferencia dada a Cataluña, mantuvieron el resentimiento aragonés, puesto de nuevo en manifiesto en 1248 y 1264 con motivo del nuevo testamento del monarca en el primer caso y de la petición de ayuda económica y militar para intervenir en Murcia contra los mudéjares sublevados contra Castilla. En 1248 el pleito sucesorio sometido al arbitraje de las Cortes aragonesas y catalanas decidieron dejar la gobernación de Aragón y Valencia al infante Alfonso reservando el principado de Cataluña para el infante don Pedro, hijo mayor de la reina Violante. El testamento definitivo sería redactado en 1252 tras la muerte de Alfonso. Se mantenía la unidad de los territorios peninsulares (Cataluña, Aragón y Valencia) concedidos a Pedro; su hermano Jaime recibía el reino de Mallorca con los dominios ultrapirenaicos.
En 1264, las Cortes de Aragón controladas por los nobles tras recordar que no estaban obligados a servir al rey fuera de Aragón y menos en el caso de que la guerra no les afectara de modo directo, negaron la ayuda al monarca hasta que se repararan los agravios sufridos y se aceptara la vigencia del fuero aragonés en Valencia. Jaime intentó mediatizar el voto de las Cortes atrayendo a su bando a quienes más se habían opuesto a la concesión de la ayuda: les ofreció la exención para ellos y los suyos si convencían a los demás para que votaran los subsidios pedidos. Pero no fue aceptada porque la negativa de los nobles tenía razones políticas de fondo y era previa la reparación de agravios como la concesión de honores a extranjeros y a personas que no tenían la categoría de ricoshombres, únicos que tenían derecho a honores y a juzgar los pleitos.
Jaime accedió en parte a las peticiones nobiliarias: a no dar tierra ni honores a extranjeros, a que los nobles aragoneses que tuvieran posesiones en Valencia fueran juzgados a fuero de Aragón y a que los pleitos entre el rey y los nobles fueran sometidos al Justicia de Aragón, que de ser un asesor de la Curia se convirtió en juez en los asuntos nobiliarios. A pesar de estas concesiones, no participaron en la campaña murciana. Un nuevo pretexto de disconformidad se presentó a los nobles aragoneses con motivo del enfrentamiento entre el infante Pedro y su hermanastro Fernán Sánchez (1271).
En Cataluña, con mejor situación económica, no puede hablarse hasta 1270 de sublevaciones nobiliarias sino de enfrentamientos entre grupos de nobles, pero la devolución a Castilla del reino murciano, provocó la oposición a Jaime I cuando éste solicitó ayuda para una nueva expedición a Andalucía en apoyo de Alfonso X. Jaime respondió ordenando el embargo de castillos y honores recibidos en feudo por los rebeldes y el grupo nobiliario se alió a los aragoneses partidarios de Fernán Sánchez y a los castellanos sublevados contra Alfonso X.
En principio, la medida iba contra el vizconde de Cardona, que tuvo la habilidad de convertir su caso personal en general. Logró atraer a una gran parte de la nobleza catalana que mantuvo su rebeldía hasta que en 1275 Fernán Sánchez fue ajusticiado. Los nobles volvieron a la amistad con el monarca, conservaron sus bienes y alejaron el peligro de nuevas intervenciones monárquicas en 1282, al hacerse pagar sus servicios militares con el reconocimiento de los derechos tradicionales.
La derrota de Muret no supuso el abandono de los derechos aragoneses en el S de Francia. El conde Sancho, como gobernador del reino, apoyó a los sublevados de Toulouse contra Simón de Montfort. Esto provocó una fuerte presión pontificia y la amenaza de cruzada contra Cataluña y Aragón por lo que Jaime I sustituirá las armas por la diplomacia para mantener los condados de Toulouse y Provenza en la órbita política de la corona. Indispensable para hacer frente a la presión francesa era la unión de los condados y a unirlos dedicó Jaime I sus esfuerzos, frustrados por el pontífice al no legalizar el matrimonio de Sancha de Toulouse y Ramón Berenguer V de Provenza, cuyo condado aportaría su hija Beatriz a Carlos de Anjou, hermano de Luis IX de Francia, esto ponía fin a la presencia catalano-aragonesa. Por el tratado de Corbeil (1258), Jaime I reconocía el triunfo diplomático de la dinastía francesa y renunciaba a sus derechos, no sin antes hacer constar su oposición a Carlos de Anjou u ceder sus posibles derechos sobre Provenza no a Beatriz sino a Margarita, esposa de Luis IX y heredera por ser la hija mayor de Ramón Berenguer.
Los angevinos provenzales y los catalanes chocarían de nuevo por el control del comercio del Mediterráneo y por la herencia italiana del emperador alemán Federico II. Al morir éste (1250), el pontificado dividió los dominios alemanes italianos del sur e hizo cuanto pudo para anular a los herederos del emperador alemán contando en Alemania e Italia con la monarquía francesa. El reino de Sicilia quedó en manos de Manfredo, hijo del emperador alemán y Roma ofreció el reino (1263) a Carlos de Anjou que derrotó a Manfredo en Benevento (1266) y a su sobrino Conradino en Tagliacozzo (1269). La aceptación del reino siciliano por el conde de Provenza perjudicaba al rey de Castilla que se consideraba emperador y al infante Pedro de Aragón, casado en 1262 con Constanza, hija de Manfredo.
Este matrimonio, realizado contra los deseos de Roma, tenía como objetivo garantizar las relaciones y combinar los intereses de Sicilia y Cataluña en Túnez, cuyos reyes musulmanes están sometidos a un cierto control político desde Sicilia y donde el comercio catalán estaba sólidamente asentado. Desde su matrimonio el infante Pedro actuó contra los intereses angevinos.
Los sicilianos partidarios de Constanza se acogieron a la corte catalana y otros se refugiaron en Túnez bajo la protección de milicias catalano-aragonesas al servicio del rey musulmán. Contra éstos se dirigiría la cruzada organizada por Luis IX de Francia en 1270 para desde allí, por tierra, llegar a Egipto, Siria y Jerusalén. Resultado de esta cruzada fue la disolución de las milicias cristianas, catalanas, al servicio de los musulmanes y la firma de un tratado comercial entre Sicilia y Túnez, en perjuicio de los catalanes. Pedro intervendrá en Sicilia en la primera ocasión favorable. Se presentó en 1282 cuando los sicilianos sublevados contra los Anjou solicitaron ayuda al monarca aragonés que envió una flota para expulsar a los angevinos e incorporar Sicilia a los dominios catalanes y poner el comercio tunecino bajo control de los mercaderes de Barcelona.
El trasfondo de la expansión catalana por Mallorca, Valencia o Sicilia fue comercial. La participación de los mercaderes en las campañas de Jaime I se inicia con la conquista de Mallorca, decidida en Tarragona a instancias de Pedro Martel, mercader, que hizo ver al rey el interés para que la navegación comercial catalana tenía la toma de la isla, cuyos mercaderes-corsarios dificultaban el comercio, dirigido ya en 1227 a los mercados de Constantinopla, Siria, Alejandría y Ceuta.
En la campaña mallorquina los ciudadanos barceloneses colaboraron activamente con sus naves y obtuvieron del rey, en pago, exención de impuestos por la compra o venta de mercancías en Mallorca y Menorca. Exención que en 1232 fue ampliada a todos los dominios de la corona. La ayuda barcelonesa al monarca alcanzó su mayor importancia en el terreno económico: la ocupación de Mallorca y Valencia, la campaña sobre Murcia y la lucha contra los nobles no hubieran sido posibles sin los subsidios concedidos por las ciudades. A cambio, obtuvieron privilegios para organizarse en municipios y para desarrollar sus actividades comerciales.
Las Ordenanzas de la Ribera de Barcelona aprobada en 1258 son un verdadero código para el transporte marítimo en el que se fijaban las responsabilidades de los dueños de las naves y de los marineros respecto a las mercancías que transportaban, se exigía la presencia de un escribano en cada nave, se pedía la solidaridad de los barcos en caso de peligro, se fijaba el armamento de cada nave, las cargas que podían llevar, etc.
El texto, que presupone la existencia de una organización o gremio de mercaderes que intervienen en la redacción de las ordenanzas, va seguido en 1266 de otro documento en el que se regula la actuación de los cónsules catalanes en los barcos que van a ultramar (Siria y Egipto). Su autoridad se extiende sobre todos los súbditos de la corona que vayan a estas zonas o los que fijen allí su residencia. Los cónsules sólo están sometidos a los consellers de Barcelona, que son los encargados de vigilar su actuación. Junto a estas disposiciones se toman medidas contra los competidores expulsando de Barcelona a mercaderes lombardos, florentinos, sieneses y luqueses o prohibiendo que los dueños de naves y los mercaderes extranjeros carguen en la ciudad mercancías que no les pertenecen.
Se llegó a un entendimiento completo entre los mercaderes y el monarca quien les apoyó. En ocasiones modificó sus decisiones a petición de éstos: la conquista de Mallorca fue seguida de la creación de una flota de guerra para combatir a los musulmanes de Túnez que enviaban ayuda a los mallorquines, pero la expedición no fue aprobada por los mercaderes barceloneses, temerosos de que la presión militar pusiera en peligro la actividad comercial. Será el veguer de Barcelona quien presida la embajada que negoció la paz con los tunecinos en 1235. Una nueva embajada presidida por un mercader barcelonés logró en 1238 que los tunecinos no acudieran en ayuda de Valencia y Jaime I llegaría a pedir a Inocencio IV que excluyera de los objetivos de la cruzada general contra el Islam al reino de Túnez, en el que los catalanes estaban representados por milicias al servicio de los reyes musulmanes, por mercaderes y misioneros al menos desde 1253, año en el que está comprobada la existencia de un consulado y una alhóndiga o almacén en la ciudad de Túnez; 6 años después consulado y alhóndiga existen en Bujía y desde antes de 1257 está documentada la existencia de una milicia cuyo jefe es nombrado por el rey aragonés que percibe una parte del sueldo de los caballeros y de su jefe. Por esta época, dominicos y franciscanos, trinitarios y mercedarios están presentes en el reino tunecino. Los primeros crean una escuela para enseñar el árabe a los misioneros.
Las relaciones amistosas catalano-tunecinas se firmaron por el matrimonio del infante Pedro y Constanza de Sicilia, pero la revuelta, dos años después, de los musulmanes de Murcia y Andalucía, apoyados por los tunecinos puso en peligro las relaciones comerciales con Túnez, reino con el que Jaime mantuvo la paz al tiempo que autorizaba la actuación de corsarios para contrarrestar la actuación bélica tunecina. La presencia catalana se mantuvo hasta la cruzada dirigida por Luis IX de Francia, en 1270, inspirada por Carlos de Anjou interesado en anular a los sicilianos refugiados en Túnez y a los catalanes. Jaime I autorizó a sus milicias a combatir al lado de los musulmanes.
Muerto Luis IX durante la cruzada, Carlos de Anjou puso fin a la guerra tras firmar un tratado con el sultán de Túnez, éste se avenía a pagar una indemnización de guerra, aceptaba el pago de un tributo anual al rey de Sicilia y se obligaba a expulsar a todos los cristianos enemigos de los cruzados, es decir, a los refugiados sicilianos y a los catalanes. Liberado de la presencia de los cruzados, el sultán restableció las relaciones comerciales y diplomáticas con la corona de Aragón con la que firmó en 1271 un nuevo tratado comercial.
Desde 1232 hay mercaderes catalanes en Orán. Poco más tarde una colonia mercantil entra en contacto desde Tremecén con las rutas caravaneras que desde el centro de África llevaban hasta el Mediterráneo el oro africano, marfil, plumas de avestruz, esclavos, etc., comercio controlado en parte por las colonias judías relacionadas con los hebreos mallorquines y catalanes. También hubo en Tremecén una milicia catalana formada por caballeros rebeldes y delincuentes que querían alejarse del reino, como el caso de Guillén Galcerán, sublevado contra el monarca y jefe de la milicia. Vuelto a Cataluña en 1272 obtuvo el perdón para los que habiendo cometido algún delito, se enrolaran en la milicia de Tremecén, controlada por el rey que recibe una parte del sueldo de estos guerreros y, desde 1272, un tributo del rey musulmán.
Menos importantes fueron los contactos con Marruecos desde el comercio y la protección armada contaban con mercaderes y milicias genovesas y castellanas. En Ceuta en 1269 se firmó un tratado de amistad con el señor de Ceuta, amenazado por los benimerines. Sitiada la ciudad, 5 años después Jaime se alió al sultán meriní Abu Yusuf con el que firmó un tratado de colaboración militar a cambio de mantener las ventajas comerciales adquiridas en Ceuta. Aragón proporcionaría al sultán meriní un ejército de 500 caballeros y una flota de 10 galeras, 10 naves y barcos de menor tonelaje, y el sultán se comprometía a pagar un tributo anual a la corona una vez se hubiese conquistado Ceuta. La ciudad se sometió al sultán en 1275; los acuerdos no se respetaron, marinos y mercaderes catalanes fueron expulsados de la ciudad.
La preferencia dada a los intereses de los mercaderes explica el caso omiso que había Jaime I a veces de las prohibiciones pontificias de vender a los musulmanes productos de interés militar: hierro, armas, madera, etc. El pontífice prohibe vender estos artículos a los sarracenos y Jaime publica el documento reduciendo la prohibición a los dominios del sultán de Alejandría, donde los intereses comerciales catalanes eran reducidos.
Alfonso III (1248-1279) elegido por los obispos portugueses mantuvo una política de amistad con la Iglesia durante sus primeros años de reinado, le devolvió los bienes confiscados por Sancho II y pagó con donaciones los servicios prestados por los eclesiásticos cuya influencia es visible en las normas, equiparables a las constituciones de paz y tregua, dictadas en 1251 para poner fin a la anarquía: severas penas a los salteadores, protección a los viajeros y de modo especial a los mercaderes.
El interés del monarca por el fortalecimiento de los concejos y el desarrollo del comercio, se explica por la necesidad de disponer de una fuerza fiel que le permita disminuir la presión de sus valedores eclesiásticos. También por las necesidades económicas de la corona que tenía sus bienes en manos de nobles y eclesiásticos y sólo podía contar con los ingresos de tipo fiscal. Dentro de esta política de acercamiento a concejos y mercaderes se inscribe la concesión de fueros a numerosas poblaciones y la creación de ferias permanentes en diversos lugares del reino.
Las dificultades económicas del reino se hallan en la base de las primeras Cortes portuguesas conocidas como Lisboa-Leiria-Coimbra de 1253-54. Alfonso intenta poner freno a la subida de precios. El monarca atribuye la subida al temor de que en fecha próxima se alteraría el valor de la moneda, temor que no era infundado según escritos del monarca dirigidos a dignatarios eclesiásticos y al pontífice. Si la alteración de la moneda era responsable de la subida de precios, la salida lógica suponía la estabilidad monetaria a la que accedió el rey por un plazo de 7 años, tras obtener un servicio extraordinario. Se hizo un ordenamiento de precios y salarios que, como ocurrió en Castilla por los mismos años, tuvo efectos contraproducentes y sólo sirvió para encarecer los artículos tasados.
Se inicia con la equivalencia de las monedas circulantes en por, se fijan los precios del cobre, estaño, bueyes, vestidos, pieles, etc., se indican los salarios y se toman medidas para evitar la exportación indiscriminada de artículos. En ningún caso podrá sacarse plata.
La negativa de parte del clero a pagar el servicio extraordinario a cambio de la estabilidad de la moneda disminuyó los ingresos del monarca que se vio obligado a reducir gastos y a intentar la recuperación de los derechos usurpados: en 1248 Alfonso ordenó realizar inquiriçoes en la zona entre el Duero y el Miño para conocer la situación de los bienes y derechos pertenecientes a la corona. Como resultado, en 1265 se prohibió a los nobles y oficiales del rey exigir posada y yantar a los hombres de realengo, se ordenó que fueran devueltos a la corona numerosos bienes en poder de eclesiásticos y nobles, se castigó a vasallos que habían abandonado los lugares de realengo y se dispuso que las caballerías estuvieran sometidas al pago de impuestos ya que la exención era la contrapartida de los servicios militares contra los musulmanes y al cesar éstos no había razón para mantener el privilegio.
Los obispos intentaron evitar el cumplimiento de las normas mediante amenaza de penas canónicas y el recurso a Roma. Pero la autoridad pontificia era menor, la nobleza no secundó a los obispos; estos no permanecieron unidos y en 1265 el rey podía apoyarse en los concejos que habían pagado los subsidios votados en las Cortes de Coimbra de 1254 y votarían nuevas ayudas en 1261 para mantener estable la moneda, al tiempo que concejos con los de Lisboa hacían préstamos al monarca. Los obispos acusaron al rey ante el papa de agravios hacia sus súbditos y en particular hacia el clero. Los agravios iban desde la ocupación ilegal de terrenos particulares o municipales hasta la obtención por la fuerza de préstamos, la imposición del matrimonio a vírgenes, a viudas. Más numerosas eran las quejas de los clérigos, nombraba y deponía abades, párrocos, e intervenía en el nombramiento de obispos, tenía funcionarios judíos, no pagaba los diezmos de las propiedades reales, etc.
Ante la orden pontificia de corregir los abusos, el monarca sé reunión en Santarem (1273) con los de su consejo, con los ricoshombres y con los concejos, en ausencia de la mayor parte del brazo eclesiástico y se acordó nombrar una comisión que analizara los agravios y tomara las medidas oportunas. El historiador portugués Herculano considera esta reunión una comedia representada con toda solemnidad que refleja el cambio de relación de fuerzas operado en por desde mediados de siglo.
El reino granadino fue creación de Muhammad ben Yusuf ben Nasir al-Ahmar (Muhammad I), sublevado en Arjona hacia 1232 contra Ibn Hud de Murcia, unificador de los dominios almohades. Desde Arjona, Muhammad extendió sus dominios sobre Guadix-Baza-Jaén y logró ocupar Granada en 1237 después de haber colaborado con Fernando III de Castilla en la ocupación de Córdoba. Tras la muerte de Ibn Hud el reino granadino se extendió por Málaga y Almería, pero no pudo evitar que Castilla ocupara Jaén en 1246. A partir de esta fecha, Muhammad figura como vasallo de Fernando III, colabora en sus campañas militares contra Sevilla y paga tributo al castellano. La sumisión fue confirmada en los primeros años de Alfonso X (1254) pero los problemas internos de Castilla permitieron obtener ventajas económicas: el tributo pasó de 300.000 maravedíes de la moneda antigua a 200.000 de la devaluada por Alfonso X.
La sublevación de los castellanos y el descontento de la población musulmana de Andalucía y Murcia permitirían recuperan algunos de los territorios perdidos y sobre todo evitar la sumisión a Castilla. Pero los éxitos militares se vieron limitados, igual que en los demás reinos hispánicos, por las revueltas nobiliarias. Granada contó con la colaboración de milicias norteafricanas cuyos jefes fueron recompensados en perjuicio de la aristocracia local dirigida por los Askilula (Escayuela) que gobernaban Guadix, Málaga y Comares. Descendientes de los tuchibíes de Zaragoza, los Escayuela colaboran activamente con Muhammad en la creación del reino nazarí. Sus servicios son pagados por el monarca, su poder llega a eclipsar al de Muhammad y en ciertos momentos actúan con independencia de Granada.
Al verse postergados, los Escayuela ofrecieron sus servicios al rey castellano que pudo así obligar a los granadinos a firmar el pacto de Alcalá por el que el rey musulmán se comprometía a pagar anualmente la cantidad de 250 mil maravedíes y a colaborar militarmente en la ocupación de Murcia, Alfonso X prometió por su parte, desamparar a los Escayuela. No obstante, los Escayuela actuarán en todo momento como aliados de Alfonso X y los rebeldes castellanos hallarán acogida en el reino de Granada.
La alianza entre los Escayuela y el monarca de Castilla se fortaleció en 1272, año en que Alfonso concedió a un hijo del arraez de Málaga diversos bienes en Murcia para contrarrestar la colaboración de los nobles castellanos con Muhammad I, muerto en 1273 combatiendo a sus nobles. Su hijo, Muhammad II (1273.1302) privado del apoyo de los nobles castellanos al acceder Alfonso a las pretensiones nobiliarias, se vio obligado a firmar la paz, a hacerse armar caballero por Alfonso y a pagar un tributo, lo que no impediría la alianza del monarca de Granada con los benimerines norteafricanos, que mantendrán la amenaza sobre Castilla hasta mediados del XIV, aunque en ocasiones meriníes y castellanos se alíen contra Granada.
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Última actualización: Agosto 2005
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